Educación para la ciudadanía: ¿Laicismo o clericalismo?

Un proverbio latino decía: altius praecepta descendunt quae teneris imprimuntur aetatibus, lo que en el lenguaje cultivado de los latinos quería decir: “Penetran más profundamente en el espíritu los preceptos que se graban en la juventud” y en el más rústico de nuestro leguaje popular se convertía en un refrán: “lo que en la leche se mama, en la mortaja se derrama”. Ambos proverbios se resumían con sobriedad en el pensamiento de Séneca: “Es fácil educar a los espíritus cuando todavía son jóvenes”.

Si la visión del mundo se construye asimilando preceptos, captando imágenes que se graban en los espíritus,  de lo “que se mama con la leche”, los tres proverbios señalan la importancia de la educación en la formación de estas imágenes. Aluden las tres a la pedagogía. Tanto a la educación formal, como a la cotidiana que se adquiere en la calle. Lo que transforma estos preceptos de imágenes en imaginario, es la ideología que les da sentido; un cuadro ideológico que opera en varios niveles. Primero en hacer del individuo un ciudadano, es el imaginario nacional; luego, en dar sentido al concepto de ciudadano, es el imaginario ideológico. Althusser, analizando los aparatos ideológicos del Estado, señalaba la función de la educación para reproducir los valores de la clase dirigente. Era el motor de la reproducción de la ideología dominante; el mensaje subrepticio en el imaginario pedagógico. Operaba según lo que él denominaba surdétermination.

Ideología y pedagogía configuran el imaginario pedagógico. Por ello este es un frente de lucha que está en la primera línea tanto del proyecto de Estado como del proyecto social.

Este es el fondo de la cuestión. Y nada muestra mejor ni más actual  lo que representa el imaginario pedagógico que el ya fastidioso debate planteado por la Conferencia Episcopal española sobre la “Educación para la ciudadanía”. Un rápido análisis del debate nos muestra la relevancia del tema y su estrecha relación con el proyecto social que se quiere imponer. Más allá incluso de la normas constitucionales.

Para la Conferencia Episcopal, se trata de mantener la influencia social de la Iglesia a través de la educación.  El debate surge de una asignatura introducida por el gobierno socialista con el significativo título de “educación para la ciudadanía”. La polémica se centra en la educación secundaria  pero sus proyecciones, dado que toca de lleno el imaginario pedagógico, atraviesan todo el prisma educacional.

Dado su carácter paradigmático, vale la pena detenerse en la argumentación polémica. Sobre esto hay que precisar varias cosas:

  1. Que planteado no como un tema contingente sobre una asignatura determinada, el tema de la proyección social de la Iglesia a través de la educación abarca toda la educación: la básica, la secundaria y la universitaria.
  2. Que lo que se discute es sobre la educación en valores.
  3. Que toca el tema del Estado, donde hay que distinguir entre Estado laico y Estado confesional. En todo Estado laico existe una asignatura denominada Educación cívica. Ese es el principio de la educación para la ciudadanía. En el Estado confesional o “semi-confesional” ésta es reemplazada o acompañada por cursos de religión.
  4. Que en España el tema de la influencia social de la Iglesia a través de la ciudadanía tiene un pasado histórico. Que es preciso analizar la educación franquista. Ver qué valores reproducía y si alguna vez la Iglesia protestó porque a través de ella se transmitía -entre otras cosas- el antisemitismo, el racismo y la exclusión de una parte de la sociedad española caracterizada como los rojos.
  5. Hay que hacer ver que este tema no se restringe o no se restringió en una época a la educación reglada, sino que se difundió asimismo por la educación periférica: revistas, informativos radiales y televisivos, cine, periódicos, etc.
  6. Hay además que estudiarlo en el perfil que adquiere la Iglesia al deslizarse desde Juan Pablo II y sobre todo con el papa actual hacia el integrismo y que no soporta perder uno de sus feudos más resistentes como ha sido España.
  7. Hay que situar el debate en el marco de la modernidad; la aparición de una nueva ética vinculada a un nuevo humanismo que lleva a la ampliación de los derechos humanos y a la tolerancia; en particular a la tolerancia religiosa. Sin ella sería impensable la llamada “Alianza de Civilizaciones”. Uno de los grandes debates de nuestra época es saber cómo las distintas religiones pueden coexistir. Vivir juntos como ciudadanos con plenos derechos.
  8. Hay que situarla igualmente en el marco del compromiso democrático europeo y ver cuál es el papel que desempeña la religión dentro de él. El debate se abrió al definirse el espíritu de la cultura europea y respecto a las referencias a la tradición ética cristiana como uno de los fundamentos de la cultura europea, donde el país que llevó la bandera de las posiciones integrista fue Polonia, y quedó aislado…
  9. Los planteamientos de la Iglesia vuelven al discurso integrista del nacional-catolicismo. Siguen igualmente las rutas del Opus Dei, aunque a éste le interesaba mucho más la educación superior.
  10. El tema de la formación moral así como de la moral cristiana puede verse de manera muy distinta incluso dentro de la iglesia. Una forma de verlo es desde la perspectiva integrista, otra desde la teología de la liberación.
  11. La cuestión que está en el centro de este debate es el de la educación en valores.
  12. Finalmente, que el conflicto español Iglesia/Estado corresponde a un vértice visible de un ofensiva en regla que ha lanzado el integrismo católico, fuertemente estimulado por la Papa Benedicto XVI, para recuperar poder político en el concierto internacional. Y que tiene como objetivo comenzar por recuperar protagonismo en los 3 países latino-católicos de Europa: España, Francia e Italia.

La iglesia tradicional reforzada por las posiciones integristas de Benedicto XVI, no puede aceptar la ampliación de valores que a través del desarrollo de la tolerancia trae la modernidad.

La jerarquía eclesiástica, retomando sus posiciones integristas anteriores a la democracia y con una clara actitud oportunista frente a las elecciones, ha lanzado un ataque en forma, no sólo contra el gobierno socialista, sino –lo que es más grave- contra la democracia. Hay que insistir que estas son posiciones de la jerarquía ya que no todos los cristianos de base ni los eclesiásticos las siguen. Como el abad de Monserrat que pidió respeto a los obispos para los no católicos (El País 04/02/08).

Estimulados por la vuelta al integrismo que privilegia el Papa Benedicto XVI, por sus continuas declaraciones y su soterrado, pero evidente, apoyo a la posiciones más reaccionarias de la Conferencia Episcopal, han llegado a convertirse en una abierta fuerza de oposición política, estrechamente unida a las posiciones más conservadoras de la derecha. Curiosamente en sus discursos se unen las posiciones de la iglesia tradicional con las concepciones neoliberales. En particular en la educación superior. Ya el papa en la encíclica Spe salvi la emprendió contra la democracia por sus vecindades con el nihilismo, descalificando el mundo moderno, la ilustración y los derechos humanos. Las religiones integristas entienden que la legitimidad del poder emana de Dios y no de los hombres. El 2006, 13 de septiembre, en Ratisbona, el papa convocó a las religiones del Libro, también al Islam, a ocupar el vacío dejado por las ideologías modernas y recuperar el protagonismo político. El sentido de fondo quedó sesgado por un comentario sobre la violencia del Islam que conmovió a la opinión mundial. Comentarios desatinados ha hecho igualmente Benedicto XVI sobre la colonización en América y,  recientemente compuso una plegaria para ser formulada en la celebración litúrgica del rito Pascual, que no pudo menos de provocar extrañeza frente a sus intenciones: “Recemos por los judíos. Que Dios Nuestro Señor ilumine sus corazones para que reconozcan a Jesucristo, Salvador de todos los hombres… para que todo Israel sea salvado” ¿Está el Papa todavía empeñado en convertir a los judíos? Se diría que estamos en plena Edad Media o de lleno en el discurso más duro del franquismo religioso.

El factor religioso juega un papel muy importante en Iberoamérica. Hubo un momento estelar del cambio con el Vaticano II (1962-1965) y la Conferencia de Medellín en 1968. Allí se lanzó la teología de la liberación, que pretendía cancelar la etapa de la iglesia integrista y se definía por su “opción por los pobres”. No tardó en producirse un cambio en el panorama religioso. En 1972 Juan Pablo II en la Conferencia de Puebla condenó la Iglesia Popular y rebajó la opción por los pobres. Hoy el panorama es complejo. Por una parte hay un despertar de las religiones indígenas y afroamericanas, por otra avanza el catolicismo neoconservador (los “teocons”) con predominio de las tendencias fundamentalistas y posiciones políticas ultraconservadoras. En Iberoamérica el fundamentalismo se manifiesta a través de diversos movimientos como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, Sodalitium, Heraldos del Evangelio y Camino Neocatecumenal. Prácticamente todos estuvieron presentes en la manifestación contra el proyecto de “Educación para la  ciudadanía” de la Plaza Colón. Son movimientos que legitiman el modelo económico neoliberal y que abogan por la presencia de la religión católica en la vida política y cultural. Estos movimientos cuentan con el apoyo del Papa.

Probablemente esta vuelta a los integrismos es un epifenómeno de la globalización: la debilitación de las ideologías clásicas, el triunfo del poder económico como fuente de normatividad social, la sensación de inseguridad y riesgo que se extiende por el planeta, el temor de un conflicto de civilizaciones… crean un terreno abonado para que retoñe la mística de una religiosidad-refugio.

En una importante manifestación de masas en la Plaza Colón, lanzaron un ataque en regla contra el gobierno, mostrando cómo el peligro integrista no se encuentra sólo en los países musulmanes, sino que está vivo dentro del catolicismo, en particular, en la llamada en una época por los papas “hija dilecta de la Iglesia”: España. A las acusaciones directas como la del cardenal García-Gasco que dijo que las leyes inicuas y la cultura del laicismo radical conducen a la “disolución de la democracia”, se suman las de la convocatoria: contra el aborto (presentada como defensa de la vida desde su concepción) y la promoción de la familia cristiana contra el matrimonio homosexual. Todas culminan con la crítica “a la dificultad para incorporar el estudio de la religión católica en la escuela pública” y el rechazo a la nueva asignatura de educación para la ciudadanía, que lesionaría el derecho de los padres –y de la escuela, en colaboración con ellos-  de formar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas y morales. Se atacó duramente el laicismo que niega a la Iglesia la defensa de sus enseñanzas, que persigue el destierro civil de la Iglesia. Llegaron a acusar al gobierno de ser nazi. Afirmaron: “Apoyados en argumentos de este tipo ya se tomaron medidas parecidas en Alemania nazi”. La jerarquía se rasgó las vestiduras y el cardenal de Madrid afirmó que España es hoy un país de misión, casi en “situación martirial”. A estas imputaciones siguieron acusaciones veladas como la de acusar al gobierno de dialogar con el terrorismo. Se utilizaron antiguas fórmulas como de las de Pio XI que en su época sentenció que “el comunismo es una doctrina intrínsecamente perversa”, traduciéndose en la Plaza Colón por “el terrorismo es una práctica intrínsecamente perversa”. Lo que es verdad, pero el hecho es que aquí de lo que se trataba era de asociar al gobierno a la perversidad. El obispo de Huesca llegó a decir –insidioso y embaucador – “La sospecha del 11-M mira al gobierno”. “No se puede negociar con el mal” sentenció públicamente el arzobispo de Toledo. Mientras el nuevo portavoz de la Conferencia Episcopal señalaba que el matrimonio homosexual “era la cosa más terrible que ha ocurrido en 20 siglos”. En grandes líneas, las acusaciones corresponden a los siete pecados capitales que se le imputan al Gobierno socialista: el aborto, el divorcio, la eutanasia, las células madre, el matrimonio homosexual, la educación y la financiación de la Iglesia

Todo esto lo dicen además buscando el olor de santidad, con un argumento ad fide: Actuamos “no para contentar a los hombres sino a Dios”

El compromiso democrático no es sólo con la democracia  liberal, un individuo un voto, sino también con la democracia social y ética.  En el siglo pasado Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza (1876) y Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Madrid, definía la universidad como la conciencia ética de la vida. Pensó siempre en una educación en valores morales, vinculada a la ciudadanía, a la cultura y a la política. Una ética laica basada en la defensa de la libertad , la igualdad y la justicia. Lo que sigue siendo el elemento inspirador más importante de esta asignatura tan controvertida denominada in extenso “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”. Giner de los Ríos desarrolló la noción de tolerancia positiva, muy inspirado por el panenteísmo de Krause, que daba cabida a todas las religiones y tradiciones morales; viéndola como el mejor antídoto contra el fanatismo, la xenofobia, la intolerancia y la violencia que amenaza a las democracias modernas.

En los sistemas educativos europeos, bajo distintas denominaciones, existe una materia que aborda los mismos temas. En algunos países es transversal (cross curricular);  en otros, una asignatura específica en la secundaria. La educación para la ciudadanía es un tema capital del siglo XXI, en que se plantean nuevos desafíos para la convivencia. Lo que exige el desarrollo de renovados imaginarios sociales capaces de asimilar emergentes problemas comunes y  manteniendo la cohesión social: la inmigración, el pluralismo religioso y moral… Para hacerlo,  la sociedad necesita apoyarse en el sistema educativo, desarrollar un nuevo imaginario pedagógico para crear una conciencia cívica tendente a evitar conflictos en el seno de sus sociedades. Es un tema de primera importancia vinculado a la globalización y que afecta la identidad política, jurídica y ética de las democracias tradicionales. La cohesión social, el respeto a la diversidad, cultural, moral, religiosa y sexual de todos exigen un nuevo imaginario cívico, un replanteamiento del imaginario en valores de una pedagogía tradicional  y nacionalista. La conducta democrática,  como decía Kant respecto a la paz, no es una actitud innata en el hombre, hay que instituirla y refrescarla con el curso de la historia. Los valores democráticos se forman en una pedagogía renovable, en la medida que surgen nuevos derechos y se amplía la visión del mundo y del « otro». El ejercicio de la ciudadanía requiere ser consciente del dinamismo de la vida.

De la misma manera que hablamos de un desarrollo sostenible tenemos que pensar en una democracia sostenible, entre cuyos valores fundamentales figuren la tolerancia y la equidad social. En el mundo en que vivimos debemos preguntarnos ¿qué es compatible con la democracia? Por ejemplo no es compatible con ella el desequilibrio social. La democracia  aparece concretada en la Constitución,  cuando garantiza la igualdad de oportunidades –equidad- y precisa su ecuanimidad ideológica, fundamentalmente asociada al Estado laico.  El mandato constitucional que garantiza la igualdad de oportunidades lo cumple el Estado a través de la educación pública. La escuela laica no puede así convertirse en agente de la catequesis católica ni musulmana. Un principio fundamental de la constitución democrática es la libertad religiosa. Para garantizarla se requiere una esfera pública laica

La democracia ideológica es la tolerancia. Los integrismos tampoco son compatibles con la democracia. Todo tipo de integrismos: el musulmán, el protestante y el católico. Incluso un integrismo que no se reconoce como tal, pero que sí lo es y en el más alto grado, el integrismo del mercado, el integrismo neoconservador. Un integrismo que en una época fue satanizado como el demonio del materialismo por obispos tan conservadores como los que hoy no vacilan en aliarse con los partidos que lo representan. El integrismo católico, que dejó su peor huella en el nacional catolicismo, es una línea que el papa actual parece impulsar y que se está manifestando en España a propósito del debate sobre la educación para la ciudadanía. La mentalidad laica, que no se ve condicionada por ideas previas,  es la que mejor se adapta a la función educacional. La democracia tiene que ser tolerante y en consecuencia laica. La laicidad no es otra cosa que  el reconocimiento de la autonomía de lo político y civil respecto a lo religioso. El Estado laico reconoce a todos el derecho de ejercer libremente su religión y de portar su símbolos: el velo, la kipa o la cruz…, mientras no ofendan a otras creencias y religiones, pero también el de no pertenecer a confesión alguna. Para la sociedad laica dios entra en la esfera de lo privado.

Le educación en valores es una fundamental instancia democrática. Un capítulo esencial  en este espacio es el compromiso ético. Un compromiso que la universidad debe considerar en su formación y que en grandes líneas comprende el respeto a la dignidad de las personas y los derechos humanos, el Estado de derecho, el pluralismo, la justicia, la solidaridad, la igualdad y la libertad.  Un compromiso que se amplía con la historia y con la evolución de las costumbres y que requiere más y más tolerancia y menos hipocresía. No se puede ser indulgente con los curas pedófilos (que no se preocuparon por el sexo de los niños) y satanizar el matrimonio homosexual, a quienes se divorcian, a los chicos que usan el condón o a las chicas que toman la píldora del día después. Es absolutamente inaceptable una iglesia donde el obispo de Tenerife compara la homosexualidad con la pederastia declarando –desenfadadamente- “hay adolescentes que desean los abusos, incluso los provocan”(El País, 27/12/07). Es obsceno afirmar que el aborto es mucho más grave que la pedofilia.

No podemos pensar la democracia, especialmente en el España,  sin tener en cuenta lo que fue la dictadura franquista.  Es preciso pensarla en particular en lo que se refiere al modelo educacional que entonces imperaba (y que ha quedado tan claramente ilustrado por El Florido Pensil, de Andrés Sopeña; la obra mereció ser llevada al cine por el director Juan José Porto en el 2002)  ¿Cuál fue el reclamo entonces de la jerarquía eclesiástica frente a una educación que difundía descaradamente el antisemitismo, el racismo y alentaba la persecución y exclusión de la otra mitad de la población española?

En el marco de la necesidad de configurar garantías democráticas ¿qué es lo que amenaza la convivencia democrática en España? Eso es lo que tiene que ser un tema de reflexión. No basta con relegar al pasado (a la amnesia de la historia utilitaria) hechos históricos recientes, responsabilidades que no se quieren remover, y que se insiste en que hay que darlas por superadas. Pero, si vemos que las mentalidades no han cambiado radicalmente, en particular con una cúpula de la iglesia anclada en el pasado franquista, es de temer que pueda resurgir la tentación antidemocrática -que en España toma la piel del nacional-catolicismo- probablemente bajo otras formas, pero sin duda como diversas instancias de exclusión. La educación no puede alimentarse con sopas de convento, tiene un compromiso fundamental con la democracia; y debe aprender de la memoria, para constituirse a todo nivel en una instancia democrática, defensora de los derechos humanos, que no se quedan en el pasado,  sino que avanzan con la historia, y que forman a las nuevas generaciones no en una ética sectaria oscurantista, sino en la cultura de paz , paz social, paz interna  y paz internacional, indispensable para superar la violencia interna y el conflicto de civilizaciones, del cual ya España ha sido una de las primeras víctimas.

Jurídicamente la cuestión central de la polémica es si la educación para la ciudadanía supone una ética cívica distinta de la personal y plantea temas discutibles de contenido político religioso. Así al menos ha fallado la Sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, arguyendo que en consideración a la libertad de conciencia los padres tienen derecho a que se respete su credo. De hecho la Constitución española reconoce el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones.

 

El tema sin embargo va más allá de un marco constitucional, de una Constitución acuñada entre “ruidos intimidatorios”. Los acuerdos del 3 de enero de 1979 que regulan las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado español son de una constitucionalidad más que dudosa: en ellos quedó la huella intensa del franquismo. Los temas controvertidos tienen que ver con la evolución de la ética, y la pregunta es hasta donde deben ser respetados principios que la ética de la modernidad ha superado. Los textos de estudio de la época de Franco están salpicados de referencias racistas, donde los judíos aparecen como los asesinos de Cristo. ¿Son estas convicciones las que hay que respetar si corresponden a las de los padres? La evolución y la humanización de la sociedad llevan a una ética más amplia, en la que se introduce por ejemplo el discurso de género, en la medida que la mujer avanza en sus derechos. Los conceptos en que se apoya la Conferencia Episcopal son principios de un derecho añejo, que hasta ahora se creía que sólo se guardaban para la historia. Ni siquiera todos los preceptos considerados de derecho natural son inmutables. Los propios iusnaturalistas lo reconocían. Para Francisco Suárez , la ley natural poseía algunos preceptos de carácter absoluto, tales como “obrar de  acuerdo con la razón”, y otros de carácter histórico que podían modificarse según la elección que de ellos hicieran los hombres. En De legibus (1612) dedica Suárez cinco capítulos a demostrar que, no obstante que el derecho natural es inmutable  en cuanto tal, algunas de sus normas se modifican  con la historia, pudiendo mandar hoy una cosa y mañana otra. Distingue dos tipos de preceptos de derecho natural: los de derecho natural preceptivo, de carácter necesario e independiente de toda determinación histórica, y los de derecho natural dominativo, cuyo valor depende de una libre decisión humana.

La Conferencia Episcopal está más atrasada que Suárez en estos temas, pues rechaza algunas leyes aprobadas por el parlamento –divorcio, aborto, matrimonios homosexuales, con el argumento de que constituyen una “desobediencia a los designios divinos” y son contrarios al “patrimonio espiritual y moral históricamente acumulado”. El carácter arcaico de este discurso salta a la vista.

La constitución que establece la libertad de cultos, organiza una sociedad democrática y laica. El país que acepta una religión como fundamento es un Estado teocrático. En un sistema democrático ninguno de los campos en los cuales existen identidades diversas pude erigirse en elemento válido para determinar la identidad colectiva. El concepto secular de ciudadanía se basa en valores de corte universal, empezando por la democracia, los derechos humanos, la justicia social, la igualdad de género. Estos son los principios éticos y jurídicos mediante los cuales se logra la cohesión social, con independencia de la religión, las convicciones políticas, territoriales o étnicas de cada ciudadano.

Como bien dice Vargas Llosa en su artículo “El velo islámico” (El País, 22 de junio, 2003), “requisito primero e irrevocable de una sociedad democrática es el carácter laico del Estado, su total independencia frente a las instituciones eclesiásticas, única manera que tiene aquél de garantizar la vigencia del interés común por sobre los intereses particulares y la libertad absoluta de creencias y prácticas religiosas a los ciudadanos, sin privilegios ni discriminaciones”.

La democracia moderna es inseparable del pluralismo y  del neutralismo religioso: pluralista y laica. Estos rasgos identifican la sociedad abierta, un concepto que introduce la filosofía política  de Bergson en Les deux sources de la moral et la religion (1932) y que retoma Popper en tono neoliberal, en particular para identificar a sus enemigos, en The Open Society and its enemies (1945).

Es importante analizar el papel que quiere jugar la Iglesia católica en la vida social, política en el mundo actual. En un mundo donde parecen  reforzarse crecientemente los integrismos, es necesario aludir a la forma en que estos influyen en la educación. No sólo movilizando a la población de fieles –en países de acendrada tradición católica, como España- para que rechacen la laicización de la educación propia de un Estado no confesional; sino, rechazando el avance de libertades que la humanidad ha conseguido en su camino hacia la democracia y hacia la búsqueda de igualdad y libertad para todos los hombres. Y, lo que parece casi aberrante, incluso rechazando teorías científicas que juzguen incompatibles con el dogma. Más aún cuando esas tesis son recogidas con fines político-electorales por los sectores más conservadores. Recientemente el arzobispo de Viena, influyente teólogo del Vaticano, sugirió que la teoría de la evolución como tal y tal como la explica hoy la ciencia, era incompatible con el catolicismo. En Europa no tuvo ninguna repercusión, lo que demuestra que sería difícil que surgiera un integrismo religioso anacrónico. Pero lo que llama la atención son las declaraciones del presidente Bush de que en los colegios de su país se enseñe también, dentro de las materias científicas, la llamada “teoría del diseño inteligente”. Nuevo enunciado para presentar la tesis del creacionismo bíblico, afirmando  que la teoría de la evolución es insuficiente para explicar la vida y que existe una “fuerza inteligente” detrás del desarrollo de la humanidad. Se volvió al llamado “juicio del mono”, cuando en 1925 se quiso condenar al profesor Scopes por violar la ley de  Tenessee que declaraba ilegal enseñar la teoría  de Darwin, porque negaba la historia de la creación divina  tal como la cuenta la Biblia.

El integrismo lleva a todo tipo de disparates.

Por otra parte, está la abierta interferencia política como es la nota de la Conferencia episcopal recomendando a los católicos dar el voto al PP, por la vía de describir a los partidos que no deben votar, sin nombrar a ninguno.

La paradoja es que en un Estado oficialmente aconfesional –como se declara el español-  se sigue financiando a la Iglesia Católica. El gobierno podría responder aumentando el pluralismo religioso, subvencionando otras religiones, minoritarias pero tan legítimas como la católica. La respuesta ha sido otra,  el gobierno ha llamado a la tolerancia, ademán que algunos comentaristas consideran una actitud miedosa frente a la Iglesia. La Iglesia siempre ha gozado en España de un tratamiento de favor, con una financiación pública permanente, que incluso el actual gobierno socialista ha aumentado. En realidad ningún gobierno ha hecho tantas concesiones a la Iglesia: la ha liberado del compromiso del autofinanciamiento (ha aumentado del 0,5 al 0, 75 el coeficiente de impuesto que recibe el episcopado sobre la rentas de los fieles). Sin olvidar el pacto educativo sellado con la enseñanza concertada religiosa, financiada al cien por ciento por el Estado. 15.000 profesores de la asignatura, 8000 de ellos en la escuela pública, y que la jerarquía eclesiástica puede nombrar y despedir a su gusto, por motivos tan reaccionarios  y anacrónicos como “vivir en pecado” o divorciarse. Nada desmiente mejor las críticas al laicismo que este trato de favor. Incluso el gobierno ha cedido ante los colegios religiosos concertados, que podrán adaptar la polémica asignatura de educación para la ciudadanía a su ideario. Sería inconcebible, si hubiera un laicismo objetivo, que se dispense a los alumnos de familias católicas de cursar una materia simplemente porque en ella no se defiende el dogma.

Por otra parte, pretender no cumplir con decisiones parlamentarias, amparándose en un concepto integrista de superioridad moral es un agravio a la concepción misma de la democracia.

¿Cómo resolver el conflicto?, porque no es aceptable que él divida el cuerpo social. En Alemania las materias que afectan el fondo del país -como la educación- se consideran cuestiones de estado y se resuelven por consenso entre los grandes partidos. El consenso tiene que concretarse en la plasmación de una imaginario pedagógico indispensable para formar el ciudadano del siglo XXI, cuyos valores cívicos (entendiendo dentro de éstos su humanidad)  tienen  que estar basados en la Constitución y la leyes, y en el respeto a los derechos humanos clásicos y emergentes.